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Antonio Morales denuncia la política de migración

El presidente del Cabildo exige que Europa y España dejen de crear el caldo de cultivo de la xenofobia.

El presidente del Cabildo de Gran CanariaAntonio Morales, no descarta recurrir a la vía legal para denunciar la violación de derechos humanos de inmigrantes que permiten desde hace meses en Canarias tanto el Gobierno español como el de la UE.

Morales ha expresado en una rueda de prensa su «hartazgo» por el «ninguneo» con el que, a su juicio, han respondido España y la UE a la crisis migratoria que afecta a Canarias, cuyas consecuencias en la convivencia se empiezan a dejar sentir en el archipiélago, dados los brotes xenófobos que ya han llevado a la detención de una persona que alentaba en redes sociales a agredir a inmigrantes.

El titular del Cabildo de Gran Canaria, isla a la que, como ocurrió en 2021, sigue llegando este 2021 la mayoría de inmigrantes africanos, también ha anunciado que la institución se sumará a la queja que el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias elevará al Diputado del Común por las irregularidades que se comenten en el CATE de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, donde se suceden hechos como los denunciados cuando operaba el campamento de Arguineguín, ubicado en el bautizado como «muelle de la vergüenza».

Además de declinar valorar el papel que desempeña en esta crisis humanitaria el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y asegurar que no volverá a reunirse para abordar este asunto con algún ministro español o comisario europeo, porque ya les ha hecho llegar su demanda de medidas urgentes para gestionarla, Morales ha alertado de que las vigentes políticas migratorias «generan odio».

De esta manera, ha mostrado su preocupación por la deriva xenófoba que, a su parecer, están propiciando los intentos por «esconder» esta crisis y el tratamiento carcelario que se está dando a las islas, desde cuyos aeropuertos, ha asegurado, la Policía logra evitar que muchos inmigrantes sigan su ruta hacia el continente europeo, donde tienen familiares o amigos.

«Son políticas diseñadas para evitar que estas personas puedan trasladarse desde nuestros aeropuertos a la Península», ha aseverado.

Antonio Morales ha pedido «cautela» a la hora de valorar los episodios violentos entre inmigrantes ocurridos en las últimas semanas en espacios públicos y en algunos alojamientos turísticos isleños donde permanecen acogidos, que, según ha recalcado, «son hechos puntuales, pero previsibles».

«Son personas que se han jugado la vida al montarse en una patera y cruzar el Atlántico, viendo, incluso, como algunos de sus compañeros han muerto en el intento. Están ociosos 24 horas, salen a la calle sin ningún tipo de actividad que hacer, está nerviosos y se producen roces entre ellos. No se puede concentrar a miles de personas y dejarlas desamparadas en una crisis como ésta. Hacen falta políticas activas contra el racismo y la xenofobia», ha referido.

Antonio Morales echa en falta también «un mayor control» de estas personas que permita separar del resto a los que lleguen y posean «un perfil conflictivo», al tiempo que ha recriminado a la «ultraderecha el tratamiento interesado» que, a su juicio, ha dado a esta crisis humanitaria «para avivar el odio», para lo que no ha dudado en «generar alarma y miedo», lo que ha propiciado que hayan llegado a organizar grupos «llamando a la violencia contra el moro».

«Exigimos medidas urgentes. Ya está bien de dilaciones», ha aseverado el presidente del Cabildo grancanario quien, además de instar a la solidaridad del resto de comunidades autónomas, ha urgido a Interior a «activar de inmediato derivaciones de inmigrantes a la Península, donde hay miles de plazas libres», ha dicho.

Tras reiterar la necesidad de que el Gobierno español establezca «recursos estructurales para la gestión de las migraciones», Morales también ha pedido una mayor celeridad en la realización de pruebas óseas que permitan conocer la edad de los inmigrantes llegados a las islas en patera, lo que evitaría que, como ocurre en la actualidad, el Gobierno canario esté tutelando como menores a personas que, según ha dicho, no lo son.

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