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EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL. UN AÑO DEL ACUERDO 23A

Ante las últimas informaciones vertidas por el Gobierno de Canarias a través del Sr. Angel Víctor
Torres y una vez más utilizando a la prensa como medio de comunicación con el Comité de
Huelga, constatamos que la ruta trazada por la Administración es la aplicación de lo establecido
en la Ley 20/2021 junto con las organizaciones sindicales ignorando lo negociado con el Comité
de Huelga materializado en el Acuerdo 23A. De este modo, El Presidente del Gobierno de
Canarias, anuncia mesa de diálogo con las organizaciones sindicales de la Mesa General de
Negociación de Empleados Públicos junto a la FECAI y FECAM para tratar establecer los criterios
comunes a aplicar por las distintas administraciones de Canarias. Reconocen que se trata de
procesos abiertos al que cualquier persona de una administración dentro o fuera de canarias
podrían acceder a la plaza y que no garantiza la permanencia del personal en abuso de
temporalidad.
Desde el Comité de Huelga denunciamos una vez más la vulneración de la legitimidad del Órgano
de negociación en la Administración General del Gobierno de Canarias que se encuentra en
situación de Huelga.
Además, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad organiza una jornada
para este viernes 22 de abril “El empleo en el sector Público: El gran reto para las
Administraciones” en la que se debatirá sobre los procesos de estabilización y consolidación de
empleo temporal de la Ley 20/2021.
El Comité de Huelga de la Administración General hace un llamamiento a la movilización a todo el
Personal en Fraude de Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias ante el atropello a nuestros
derechos, con lo que no es otra cosa que un ERE ENCUBIERTO a 55.000 trabajadores en
Canarias.

AL PACTO DE LAS FLORES

Desde el Comité de Huelga de la Administración General y la Plataforma de Empleados en Fraude
de Ley de Canarias (PEFRALCA), queremos recordar a este mal llamado pacto de las flores
(pues, es un jardín marchito lo que esta coalición está dejando en Canarias) las consecuencias de
dar la espalda al colectivo.
Nos negamos a creer que, ante una infracción y un agravio tan grande cometido con los
empleados públicos, tras reconocer públicamente que las diferentes administraciones de esta
Comunidad Autónoma han cometido una ilegalidad por abuso de temporalidad hacia sus

LOS QUE ESTÁN SE QUEDAN – EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

trabajadores, ahora den la espalda a los afectados negándose a cumplir con la normativa Europea
así como sentencias y autos del TJUE.
La primacía del Derecho Comunitario no sólo conlleva para las autoridades, tanto judiciales como
administrativas del Estado miembro, la prohibición de pleno Derecho de aplicar el régimen
incompatible con dicho Derecho Comunitario, aunque este régimen nazca de la propia
Constitución y de las leyes internas, sino que también implica la obligación de dotar todas las
disposiciones necesarias para que surta pleno efecto el Derecho Comunitario.
En este sentido, el TJUE nos enseña que, “es indispensable poder aplicar alguna medida que
presente garantías de protección de los trabajadores, efectivas y equivalentes, con objeto de
sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de
la Unión”.
Es por ello que, este Comité de Huelga y la Plataforma de afectados, se niegan a aceptar
procesos de resultado incierto donde los abusados sean doblemente agraviados y en ningún caso
compensados de manera proporcional al abuso al que han sido sometidos durante años e,
incluso, décadas.
No deben olvidar que han sido elegidos por el pueblo canario para defender sus derechos ante
cualquier agresión, así venga del mismo partido, pues los intereses y derechos del pueblo canario
deben estar por encima de cualquier ideología política.
Basta ya de someter a los ciudadanos canarios a los intereses de unos dirigentes políticos que no
atienden a las peculiaridades e idiosincrasia de este pueblo.
Según el informe de Previsiones Económicas de Canarias. Escenario de impacto del Covid-19 y
de la situación en Ucrania, “Mediante la utilización del Modelo de Predicción de la Economía
Canaria de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, desarrollado por CEPREDE, se
han actualizado las previsiones económicas de Canarias, recogiendo los efectos de la crisis del
coronavirus sobre la economía del Archipiélago además de la evolución de las variables
económicas a nivel local, nacional e internacional en la cual la irrupción de la guerra en Ucrania ha
introducido un factor de incertidumbre adicional que ya se ha reflejado sobre todo en el incremento
de los precios de las materias primas”.
Las conclusiones de dicho informe no son tan optimistas por lo que es una irresponsabilidad
condenar a miles de familias al desempleo cuando ha sido la administración quien ha infringido la
Ley, siendo el Estado quien ha negado la posibilidad a las distintas administraciones públicas de
las comunidades autónomas, de dotarse de personal estable para cubrir las plazas estructurales,
lo cual se traduciría en una mayor calidad de los servicios públicos.

LOS QUE ESTÁN SE QUEDAN – EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por todo ello, exigimos una vez más que se cumpla con el Acuerdo 23A, que recuerden que el
artículo 137 de la Constitución Española dice que “El Estado se organiza territorialmente en
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.”
Recordar que si bien es cierto que la sanción para compensar a las víctimas de un abuso que
exige la Directiva 1999/70/CE sólo puede estar establecida en una norma con rango legal, clara y
transparente pero, no hay que olvidar que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ha sido denunciada ante el
Tribunal Constitucional Español y hay abierta una investigación por la Comisión Europea por ser
lesiva y no dar cumplimiento con la Cláusula 5 del Acuerdo Marco.
Las consecuencias de esta investigación, las asumiremos una vez más los ciudadanos, y el daño
moral causado no podrá ser compensado, así que, les pedimos que sean justos, legales,
mediadores y, por encima de todo, velen por los intereses de quienes hemos apostado por
ustedes.

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