Jóvenes Agricultores de Canarias Exigen Igualdad en las Ayudas del PEPAC Frente al PDR
Un colectivo de jóvenes agricultores en Canarias ha expresado su descontento con la reciente ORDEN del 5 de febrero de 2024, que aprueba las bases para la concesión de subvenciones en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) para el periodo 2023-2027. Critican específicamente el punto 2.c del ANEXO 2, en el que se otorgan 18 puntos a jóvenes agricultores instalados bajo la PEPAC en los últimos cinco años, excluyendo a quienes se instalaron mediante el Programa de Desarrollo Rural (PDR) en el mismo periodo. Este criterio, según argumentan, crea un agravio comparativo y limita injustamente el acceso a las subvenciones, en contradicción con el espíritu de la normativa europea sobre la PAC, que promueve el relevo generacional y el empleo en el sector agrícola.
La queja se fundamenta en el principio de que tanto la legislación europea como la nacional y la autonómica deberían fomentar un acceso equitativo a las ayudas para todos los jóvenes agricultores, independientemente del marco de financiación bajo el cual se instalaron. Señalan que el criterio actual beneficia exclusivamente a los jóvenes que se instalaron con cargo a la PEPAC, omitiendo a aquellos bajo el PDR, lo cual va en contra de los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación. Además, resaltan la disparidad creada entre los jóvenes instalados en distintos años, lo que podría comprometer el futuro de las empresas agrarias jóvenes al enfrentar una clara desventaja en acceso a convocatorias y oportunidades de apoyo. Ya que los jóvenes instalados en el PDR en 2017 se beneficiaron de hasta 4 convocatorias de la subvención de inversiones, privando de ese derecho a los instalados en 2022 y 2021, sin embargo si deben de mantener el mismo deber de mantener la actividad durante 5 años.
También denuncian que el Consejero de Agricultura, Narvay Quintero, mediante una carta ha informado a los jóvenes instalados en 2023 en que quiere cambiar las bases para que los del 2023 se beneficien de esa puntuación, pero dejando fuera a los instalados en 2021 y 2022, generando un gran agravio comparativo.
Este colectivo ha solicitado una revisión y corrección de esta política para reflejar un trato justo y equitativo que esté en consonancia con los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación que rigen tanto en la legislación nacional como en la normativa europea. Piden que las bases reguladoras se alineen con el espíritu de apoyo al relevo generacional y promuevan un sector agrario inclusivo y sostenible, asegurando que todos los jóvenes agricultores, independientemente del programa bajo el cual se instalaron, tengan acceso equitativo a las ayudas.
La fundamentación jurídica de su alegato se apoya en varios principios y normativas, incluyendo el Artículo 14 de la Constitución Española que prohíbe cualquier forma de discriminación, los reglamentos de la PAC que subrayan la importancia del desarrollo rural sostenible y el apoyo al relevo generacional, y el principio de proporcionalidad y no discriminación establecidos tanto por la legislación nacional como por la de la Unión Europea. Este caso destaca la necesidad de revisar y adaptar las políticas agrarias para asegurar un tratamiento equitativo y justo para todos los sectores involucrados, especialmente para los jóvenes agricultores que son fundamentales para el futuro del sector agrario en Canarias y en toda Europa.
