Los alcaldes de la Villa de Moya y la Villa de Firgas se reúnen por las carreras ilegales en Azuaje
Raúl Afonso y Jaime Hernández buscan aunar esfuerzos para aplicar
medidas para la erradicación de las carreras ilegales
Los Alcaldes de la Villa de Moya y de la Villa de Firgas, Raúl Afonso y Jaime
Hernández, mantuvieron reunión con la Subdelegada del Gobierno, Teresa
Mayans, la Jefa Provincial de Tráfico, Eva María Canitrot y el Teniente Coronel
responsable de Tráfico, a fin de volver a manifestar y exigir la imperiosa necesidad
de adoptar todas las medidas que sean necesarias para acabar con la
preocupante situación que está ocasionando la celebración de carreras ilegales en
la carretera de Azuaje GC-350, que une ambos municipios por esta sinuosa vía.
En tal sentido, hay que recordar que ambos alcaldes han venido manteniendo
diferentes reuniones con los máximos responsables en la isla en materia de
Tráfico, y donde han venido proponiendo la adopción de medidas para terminar
con el grave problema de seguridad vial que está suponiendo además de un
problema vecinal y alteración del orden público, por parte de unos individuos que
no respetan normas elementales de convivencia y seguridad. A la vez que se
dedican a celebrar a altas horas de la madrugada, principalmente los fines de
semana, carreras ilegales por una carretera especialmente peligrosa, poniendo en
riesgo la vida de otros usuarios de la vía, así como alteración del descanso de los
vecinos/as y de limpieza en la zona, ya que son numerosas las personas que se
congregan para presenciar estas competiciones ilegales, ocasionando molestias a
la vecindad.
Raúl Afonso y Jaime Hernández manifestaron “su preocupación e indignación por
una situación que se perpetúa en el tiempo y que está poniendo a prueba la
paciencia de los vecinos/as afectados y de los Ayuntamientos”, por lo que
“demandamos medidas concretas y contrastables para terminar con una situación
que está generando inseguridad, y sensación de impunidad, y que está
produciendo un nivel de estrés y tensión entre vecinos/as afectados inadmisibles”.
Insistieron en que “no hay derecho de que alteren la pacífica convivencia de
nuestros municipios y, esperamos que se adopten medidas concretas y se aplique
la ley con todo rigor sobre los infractores”.
Entre las diferentes medidas que se han propuesto para atajar esta problemática
están el refuerzo de la vigilancia y seguimiento por parte de la Guardia Civil que va
a intensificar los controles en la zona, la posible instalación de cámaras de
seguridad y/o radares o la colocación de bandas reductoras de velocidad, medidas
que ya se están valorando y estudiando para su posible implementación.